MARCHA POR NUESTROS DERECHOS

MANIFIESTO “OTRA POLÍTICA DE DROGAS ES POSIBLE”


La idea de "una sociedad libre de drogas", que fue adoptada por nuestro país tras ratificar las Convenciones Internacionales sobre Drogas, idea que no sólo ha demostrado ser imposible e insostenible, sino que además, sus mecanismos de acción han resultado contraproducentes. Por ende, las actuales políticas de control de drogas, al sustentarse en esta opción tan sólo en apariencia realizable, se vuelven equívocas e ineficaces.

Es un hecho que tales políticas han sido incapaces de resolver problemas relativos al narcotráfico y al consumo de psicoactivos, llegando, incluso, a generar aún más problemas en los ámbitos de salud pública, seguridad ciudadana y vulneración de los derechos sociales, políticos y culturales, entre otros. Caben en los conflictos concernientes a la salud pública la ausencia de políticas sanitarias para los usuarios, y en consecuencia la entrega de facto de dicha responsabilidad sanitaria a los narcotraficantes y, en general, todo tipo de contrariedades originadas por la desinformación con respecto al uso de psicoactivos. En cuanto a los problemas sociales y de seguridad ciudadana destacan la intensificación del poder del narcotráfico, que sucede al permitírsele el manejo y el control de las drogas, y que permite un incremento en la explotación social, la corrupción y la subversión de la democracia.

En vista de la situación existente, controlar y debilitar el tráfico ilícito de sustancias psicoactivas prohibidas por medio de una política que potencie la participación civil, prevenga el uso de drogas a través de un método integral y fortalezca el estado de derecho constitucional y democrático, se presenta como el modo más sensato y acertado de abordar el problema. De acuerdo a esto, encausar las políticas de control de drogas en razón de apoyar la creación de estructuras destinadas a reducir el daño eventual que la producción, el tráfico y el consumo de drogas pueda generar, como por ejemplo instancias de información al consumidor, se constituyen, a su vez, como una forma eficaz y reflexiva de afrontar la situación vigente.

Creemos, además, que el manejo y los mecanismos destinados a fiscalizar estas materias deben estar subordinados a principios básicos de un gobierno equilibrado y democrático, tales como los que han sido integrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención sobre Biodiversidad, y otros acuerdos internacionales, que rescatan en particular principios que garantizan el respeto a los derechos sociales, económicos y políticos, a la diversidad cultural de todos los individuos, a la capacidad autónoma de decisión y a aquellos que toman en cuenta el sostenimiento del planeta.

Sin lugar a dudas, la instauración de políticas que se ajusten a la realidad, que resulten efectivas y que promuevan la diversidad, la libre elección y el autocuidado, es una alternativa necesaria y posible.

Preocupados por el creciente impacto del tráfico de drogas ilícitas y las políticas destinadas a controlarlo es que consideramos indispensable tomar las siguientes medidas para mejorar las políticas actuales, incrementando con ello su eficacia, viabilidad y credibilidad

1. Garantizar todos los derechos que pertenecen a una sociedad pluralista, caracterizada por el respeto y un espíritu de apertura consideradas esenciales en un sistema democrático, en particular, la libertad de expresión.
2. Abolir cualquier legislación excepcional de control de drogas que viole garantías legales y procésales acordadas universalmente.
3. Cambiar las actuales políticas que persiguen penalmente y estigmatizan el consumo de drogas, buscando formas de regulación que se adapten a las realidades locales de las poblaciones y sectores involucrados, tomando en cuenta su entorno social y cultural, e implementar medidas flexibles y contextualizadas para prevenir y tratar el consumo problemático de drogas y para la reducción de los daños asociados a ese consumo.
4. Incluir en la legislación sobre drogas, políticas de reducción de riesgos y daños asociadas al uso de sustancias psicoactivas.
5. En víspera de la próxima Sesión Especial de la Asamblea General de la Naciones Unidas sobre Drogas (UNGASS), a realizarse en el 2008, y sabiendo que en esa fecha se cumplen los plazos de la actual estrategia mundial sobre drogas y se presenta una oportunidad única para revisar las convenciones que han fijado la política de drogas en los últimos cuarenta años se debe transparentar, y abrir el debate y la participación ciudadana en la discusión de la actual legislación de manera efectiva y no efectista.
6. Crear un nuevo método de clasificación de sustancias psicoactivas, sean lícitas o ilícitas, basadas en datos científicos contrastados sobre el daño que producen a la salud humana.
7. Crear e implementar un mecanismo regulatorio que favorezca el control de calidad de las sustancias psicoactivas, básicamente a través de su análisis y la generación de equipos de apoyo que prevengan a los consumidores en centros juveniles, lugares de ocio, y similares.
8. Aceptar la incorporación de las adicciones a drogas lícitas e ilícitas en el Plan Auge y no discriminar el acceso a beneficios sociales a personas usuarias de sustancias en cualquier grado.
9. Traspasar el CONACE y su Plan Nacional de Drogas del Ministerio del Interior al Ministerio de Salud.
10. Reconocimiento legal del derecho al cultivo de cannabis u otras especies vegetales productoras de estupefacientes o sicotrópicos para el consumo personal y su tenencia.
11. Regulación para su uso terapéutico.
12. Crear e implementar un mecanismo regulatorio que permita el desarrollo y comercialización de variedades de semillas de cannabis propias del país por parte del SAG, de calidad certificada, con la finalidad de normalizar el autoabastecimiento.
13. Implementar una política agraria que potencie el cultivo del cáñamo industrial para dar cabida a una agricultura más sustentable, ecológica y competitiva con los países desarrollados.