El síndrome del gatopardo

Medios, pero no fines. Los lineamientos del programa económico de la candidatura presidencial de Marco Enríquez-Ominami, documento preparado por el economista neoliberal Paul Fontaine (dueño, junto a Rodrigo Danús, de la consultora South World Business), hace mención y énfasis en los medios para obtener 4.800 millones de dólares. Pero no hace el mismo énfasis ni tiene igual precisión en los objetivos específicos. Aunque hay una referencia discursiva a “mejorar la distribución de ingresos”, a “más igualdad de oportunidades” y a “un uso más racional del territorio y los recursos naturales”, estos grandes anuncios pueden llegar a sonar tan abstractos y, por cierto, inútiles, como el “crecimiento con equidad” de Ricardo Lagos o el “gobierno ciudadano” de Michelle Bachelet. Sin un claro y demarcado sendero para llegar a estas grandes aspiraciones, los obstáculos, valles y pantanos propios de la administración pública pueden convertir esos “lineamientos” en simple retórica. Como si fueran las proclamas de un gobierno más de la Concertación.
Estamos hablando de economía, hoy el centro de toda política. Hablamos de las políticas económicas que se insertarán en el modelo neoliberal, que se ha caracterizado durante los últimos veinte años en Chile y en el mundo -pero con especial profundidad en este país- por arrastrar las decisiones políticas. Hablamos de un programa, de “lineamientos”, de propuestas que tendrán que operar con un modelo económico prácticamente ubicuo que ha penetrado toda la vida social y cultural y cuyos efectos han convertido a Chile en una de las naciones más desiguales del planeta, que ha desmantelado casi todas las organizaciones sociales, que ha polarizado y desequilibrado, como pocas veces en la historia, las relaciones de poder a favor de las elites y la gran empresa. Ante este engendro, todo lo que se diga o haga en economía puede ser absorbido por este modelo, siendo funcional a él y retroalimentándolo, como ha sucedido durante los cuatro gobiernos de la Concertación. Sólo una propuesta severa, valiente y antagónica puede contribuir a su debilitamiento, a su transformación. Ejemplos, y muy cercanos en Sudamérica, sabemos que los hay.
Plantearse ante el neoliberalismo -que en Chile tiene rasgos extremos- obliga a observar la historia más inmediata. No sólo la nuestra, sino el devenir más reciente de ese modelo económico, hoy causa de los mayores desastres conocidos en los últimos 80 años. No considerar sus prácticas corruptas, la ambición y la avaricia levantadas cual habilidad cotidiana y necesaria para la competencia en los mercados, las bancarrotas cargadas a los bolsillos de los ciudadanos, no considerar todo el dolor que causa el desempleo, la pobreza y la injusticia, es omitir esos efectos. Ante tal monstruosidad, ante tal enfermedad, se hace necesario evaluar el diagnóstico y suscribir eventuales recetas.

Mejor educación, mejor salud…
y una receta conocida

Al observar los objetivos específicos de los lineamientos económicos de Enríquez-Ominami la primera impresión es de una aprobación, tal vez con ciertos matices, del statu quo económico. Y en ello no hay una diferencia conceptual con los programas económicos de la Concertación. Se parecen en mucho a los ya escuchados durante los últimos veinte años. Podemos observar propuestas para mejorar la alicaída educación, como la recuperación de los liceos de excelencia, el perfeccionamiento de cinco mil profesores en el exterior, la contratación de dos mil profesores extranjeros de excelencia en inglés, lenguaje y matemáticas y subsidios a la educación municipal por mil millones de dólares. Una serie de propuestas que no apuntan a lo medular, al desgastado eje de la educación chilena, que ha sido su privatización, llámese Loce o LGE. Una vez más, podemos hallar similitudes con los gobiernos de la Concertación, que desde 1990 estuvieron remendando la Loce con millares de millones de pesos en recursos. El resultado, bien se sabe, ha sido un sistema público y municipalizado en decadencia -los resultados han sido decrecientes- y una educación particular pagada floreciente. El efecto es un país que reproduce y amplifica en su educación la desigualdad en los ingresos. Hay casi veinte años de antecedentes para estimar que la actual estructura educacional -o maquillada bajo el nombre de LGE- no da para más. El programa de Enríquez-Ominami lo que hace es aplicar una nueva capa de pintura sobre las anteriores. El armazón queda intacto.
Hay otras propuestas sobre el destino del mayor gasto público -que aumentaría en un diez por ciento en comparación con el de 2009-. Se trata de anuncios similares a los ya escuchados de los gobernantes de la Concertación. Promesas como 300 millones de dólares en pavimentación de caminos rurales y calles, aumento de 400 millones de dólares en viviendas sociales o un incremento de 700 millones de dólares en modernización de hospitales existentes y en la construcción de diez nuevos, no llevarán a una transformación profunda de los desequilibrios sociales chilenos.

Otra vez la flexibilidad laboral

Hay una idea sobre el empleo, cuyos efectos sobre los trabajadores son sin duda discutibles. El programa del candidato “díscolo” plantea una adaptabilidad laboral pactada, que se traduciría en horarios flexibles y la posibilidad de reemplazar la indemnización por años de servicio por un seguro de cesantía. Pero el problema de la flexibilización laboral no está relacionado sólo con la disparidad de horarios, sino con su misma concepción: se hace a favor de la empresa, como un medio de reducción de costos para paliar la disminución de la tasa de ganancias. La flexibilidad laboral, junto con muchas otras “desregulaciones” a los mercados (el laboral es uno más) es no sólo una de las causas del aumento de la desigualdad en los ingresos, sino ha sido uno de los tumores del neoliberalismo. Todo para la empresa, nada, o casi nada, para el trabajador. Olvidaron que el trabajador es también un consumidor. A través del mecanismo que hace posible la flexibilidad laboral se han reducido ingresos y conquistas laborales. Mediante este sistema, el trabajador es cada vez más pobre en ingresos y en seguridad social.
El programa de Enríquez-Ominami esboza también apoyos a la actividad de las pequeñas y medianas empresas de hasta cinco millones de dólares. Pero el problema para las pymes no sólo está en el financiamiento, sino en el acceso a los mercados. Una gran mayoría de sectores económicos están ya prácticamente consolidados en diseños de oligopolios con empresas que mueven miles de millones de dólares. Todos estos sectores, como el farmacéutico, los supermercados, las ferreterías, la agroindustria, la pesca y los de otros recursos naturales, estuvieron alguna vez en manos de pequeñas y medianas empresas, las que hoy descansan en una aparente paz. El daño ya está hecho, y sólo una nueva regulación, una reestructuración profunda, podría fragmentar y abrir esos mercados. No es posible pensar que con ayudas por cinco millones de dólares ingresará a competir una pyme al mundo de los gigantes.
Una propuesta más agresiva es la reforma al sistema previsional, que permitiría a todos los trabajadores cotizar en el INP o en una AFP. Lo mismo que la exención en los pagos a las isapres y a las AFPs para el 30 por ciento más pobre de la población. Pero también hay que recordar que el actual gobierno presentó su reforma previsional como la estrella de su programa. Una reforma que no tocó en nada al sistema privado y que sólo llevó al Estado a hacerse cargo de las personas marginadas por el sistema. Una iniciativa que suavizó las desigualdades en los márgenes más extremos, pero que no resolvió la marcha caótica de quienes padecen en su interior. Las pérdidas de los fondos de los trabajadores, derivadas de un sistema basado en la especulación financiera, sólo podrían tener alguna solución con la reformulación de todo el sistema previsional. Tal vez, con la reinstalación de un sistema de reparto.

Privatización de empresas públicas

Sin duda el “lineamiento económico” más polémico de Enríquez-Ominami ha sido la idea de vender el diez por ciento de las empresas públicas que quedan en manos del Estado, y del cinco por ciento de Codelco. Una idea que parece no tomar en consideración la impronta histórica que Codelco tiene como empresa pública en un amplio sector de la población chilena, sino que parece no atender a los tremendos y terribles cambios en la economía mundial. Marco Enríquez-Ominami plantea privatizar parte de lo poco que le queda al Estado “con el objeto de dar eficiencia, transparencia y fiscalización”. Como si los CEO y altos ejecutivos del Citigroup, de Lehman, de AIG, de la General Motors y la Chrysler se la hubieran dado a los ciudadanos estadounidenses, que hoy cargan con las millonarias pérdidas. Se propone privatizar cuando el sector privado no sólo ha demostrado una fruición por el lucro a toda prueba, que ha significado despidos, recortes salariales, trampas, colusiones y estafas, sino abiertas irresponsabilidades en la administración de los recursos. Esa gente no está hoy calificada para dar “eficiencia, transparencia y fiscalización”.
Proponer vender a los privados -entre ellos las opacas y sórdidas AFPs- parte de estos sensibles recursos es claudicar ante la ola ideológica del libre mercado. Aquella que aún reza por Milton Friedman y clama por las bondades, personales y corporativas, del lucro a toda costa. Traspasar hoy, entrado ya el siglo XXI, los escasos recursos públicos que restan a las empresas privadas, es minimizar u omitir todos los efectos sociales, económicos, ambientales y territoriales que las grandes corporaciones han generado. La depredación social y ambiental -que también comparte la empresa pública administrada con criterios de mercado- surge de los principios del lucro no regulado, bases del modelo chileno. Por tanto, el ingreso de privados a Codelco, Enap, BancoEstado, EFE, Correos, TVN y Metro sólo aumentaría la pasión por las ganancias, la que tiene como contrapartida la expoliación de los trabajadores, el medioambiente y los consumidores. Veinte años de neoliberalismo a ultranza -que es el modelo chileno- nos han entregado ya suficientes antecedentes para hacer estas previsiones.
El programa también carece de precisiones en las cifras. Por ejemplo, el valor de los porcentajes enajenables de las empresas públicas, por las cuales sus creadores esperan obtener unos dos mil millones de dólares. Julián Alcayaga, que dirige el Comité de Defensa del Cobre, ha hecho otros cálculos, con los que obtiene más de 15 mil millones de dólares por el cinco por ciento de Codelco (ver PF 686, pág. 31). Vender esta parte de la minera a un precio menor, dice, sería un suculento negocio para las hambrientas transnacionales.
Otra importante fuente de ingresos propone Enríquez-Ominami obtenerla con una importante alza a los impuestos de las empresas, los que pasarían desde un actual 17 por ciento a un 30 por ciento. Una apuesta valiente, que no se ha atrevido ni a sugerir ningún gobierno de la Concertación. A renglón seguido, se escribe lo contrario: rebaja el impuesto a las grandes rentas de las personas desde un 40 por ciento máximo a un 30 por ciento. En otras palabras, lo que estos altos ingresos pagan por sus empresas lo descontarán de sus rentas personales. Un juego retórico de suma cero. Es incluso posible que tras el ejercicio contable el Fisco llegare a percibir menos.
Otra alza tributaria, que en rigor tiene otra denominación y mecanismo, es el aumento al royalty minero, desde un cinco a un ocho por ciento sobre toneladas anuales. Una idea que podría haber sido más intensa y también extensiva: aplicar royalties a otras actividades extractivas de recursos no renovables y también renovables, o emplear la circunstancia para un nuevo tratamiento tributario a la inversión extranjera.
Y hay otras rebajas y anuncios que favorecerían ciertas actividades. Marco Enríquez-Ominami propone eliminar el IVA a los libros, decisión que ningún gobierno de la Concertación ha tomado, pese a las enormes presiones. El argumento que han dado es que sería precedente para otras demandas por exenciones tributarias. Pero Enríquez-Ominami, ya que da el primer paso, podría aprovechar la oportunidad y avanzar con rapidez hacia una nivelación de las diferencias sociales a través de una reforma tributaria. Por ejemplo, con la eliminación del IVA a la canasta básica de alimentos los primeros favorecidos serían todas las personas que destinan gran parte de sus ingresos a alimentarse. Así como se hacen descargas tributarias a los más ricos, ¿por qué no aliviar del pago del IVA a los más carentes de este país?
Otras propuestas de rebajas tributarias aparecen ciertamente inocuas, como la reducción a los impuestos de timbres y estampillas (ya en vigencia y propuesta por el anterior gobierno de la Concertación) o como la rebaja arancelaria de seis a tres por ciento, en circunstancias que con los TLCs los aranceles reales son aun menores. Por último, ¿Marco ha pensado en los productores nacionales? Y hay también reducciones que pueden ser contradictorias como el impuesto a la gasolina, que si bien favorece a los transportistas, también incentiva el uso del automóvil particular (lujosos 4x4 incluidos).
En síntesis, un programa económico de continuidad. De Izquierda, poco. O nada.